El
proyecto “Tía María” de la Southern Peru
Copper Corporation, empresa de capitales chinos, está ubicado en la cabecera
del Valle de Tambo al sur de Arequipa y comprende la explotación de dos
yacimientos de cobre “Tía María”, y “La Tapada” utilizando un sistema de
hidrometalurgia para recuperar el cobre que según la empresa, no produce
relaves ni emisiones al ambiente. El mineral de ambos yacimientos será
triturado en el tajo abierto y contempla toda la infraestructura de soporte que
incluye instalaciones eléctricas, de agua, oficinas y locales operativos,
carreteras de acceso y otras instalaciones del proceso.
Aunque la empresa dice que no utilizará
agua del río, es indudable que el agua de mar filtrará con los desechos, que la
remoción de suelos y el uso de explosivos en cantidades gigantescas ocasionará
una gran erosión geológica, que el transporte de materiales con vehículos que
emanan gases de hidrocarburos conjuntamente con la maquinaria y procesamiento
de rocas por muchos años, tendrá un impacto ecológico inevitable en el valle.
En el asiento minero desaparecerá la flora y fauna (eriazas) en toda la zona de
influencia y de riesgos. A la larga, los daños podrían ser mayores que los
beneficios si se miden los costos ecológicos y la pérdida de riqueza extraída.
Pensando en todo esto es que los
agricultores del valle de Tambo se oponen al proyecto porque consideran que
afectará la vida de la cuenca al contaminar el ambiente y el ecosistema del
cual dependen para la producción agropecuaria, salud, economía y todo el
entorno de su hábitat de supervivencia. En estas condiciones es mejor dejar los
cerros como están ya que no habrá compensación que indemnice a cada uno de los
agricultores afectados y aunque el gobierno local reciba canon, ellos no recibirán nada personalmente.
En Cajamarca, después de muchos años de
explotación minera abundan los mendigos y esto es indeseable. Por eso, no
desean ninguna explotación minera en el valle ni aun cuando terceros hayan
negociado la subsanación de las observaciones al estudio de impacto ambiental
sin la participación de los afectados. Desconfían
del gobierno que está parcializado con la empresa agresora pues lo único
que le importa es promover las inversiones, aún a costa del sacrificio de
quitarle la vida al valle. Pero quizá lo que más indigne a los agricultores es
que el conflicto se deba a la voracidad de intereses extraños que les vienen a
complicar la vida apacible que llevaban. A los inversionistas extranjeros no
les interesa el desarrollo del valle ni el futuro de su población.
La prensa parcializada con la
inversión minera, no da espacio para que los agricultores expongan las razones
de sus luchas y por eso la población nacional no conoce las implicancias de
esta problemática. En cambio dan cabida reiteradamente a la protesta de los
vecinos de San Borja y otros barrios aristocráticos limeños contra
los ruidos molestos que no son nada comparados con los peligros de desastre
ambiental que afrontan los habitantes de las zonas mineras. Quizá por ello, no
hay solidaridad con los agricultores del valle de Tambo, ni de los partidos políticos, ni de las entidades
sectoriales y gremiales nacionales.
Pero el valle, es un
territorio y este pertenece a la población que lo habita. Este territorio tiene
un ordenamiento natural ecológico y una base estructural natural determinado
por su ubicación en el planeta, su geografía, hidrografía y demás componentes
del ecosistema. La fisiología de esta configuración natural le da su
característica ambiental, económica, productiva, social, cultural, etc.
Sobre esta base se erige la supervivencia humana,
vegetal y animal. Es el hábitat del agricultor como lo es el sistema acuático
para el pez afectado por la contaminación del agua.
Cualquier alteración del
ordenamiento natural del valle afecta el ecosistema y el uso de la tierra
repercute en el régimen hídrico y en la calidad del agua río abajo, en el clima
característico, en el suelo, topografía, geología, idiosincrasia, folklore,
etc. Es
que la cuenca o valle es una unidad integral ecológica razón por la cual su
manejo tiene que ser social y no ser una
imposición externa. Si los proyectos de inversión no tienen licencia social de
la comunidad del valle entonces pierden viabilidad y legitimidad.
Por consiguiente, la agricultura del valle
arrocero de Tambo depende de las condiciones naturales de la cuenca y que se
traduce en altos rendimientos productivos y
calidad de cosechas. A diferencia del inversionista industrial, el agricultor
trabaja todo el tiempo con seres vivos a los que cultiva o cría desde el
nacimiento hasta la post cosecha, luchando
contra la desnutrición, plagas, enfermedades, etc. La
contaminación elimina la producción orgánica inocua para la salud y la
producción de alimentos pierde calidad biótica razón suficiente para que los
consumidores expuestos a los peligros derivados hagan causa común con los
agricultores.
Por eso, el ordenamiento territorial del
valle y su gestión social integral es un derecho irrenunciable de los
pobladores de la cuenca como los son los demás derechos humanos. Las
inversiones extranjeras no pueden imponerse sin respetar el Plan de Desarrollo
del valle o cuenca. Su gestión corresponde solo a la sociedad de este ámbito. A
ella le concierne determinar el ordenamiento territorial de su hábitat
determinando los ejes de desarrollo y el aprovechamiento
de los recursos naturales a partir de sus necesidades y aspiraciones. No
se debería imponer un proyecto contra la voluntad de la comunidad involucrada.
Solo así se puede
garantizar la sostenibilidad del valle y el futuro de su desarrollo. La movilización
de los agricultores es pues en defensa propia y, tanto autoridades locales como
dirigentes que la encabezan no actúan por cuenta propia sino en representación
de la masa social presuntamente afectada. Por lo tanto, no se les debe
encarcelar ni atribuir cargos judiciales personales, como lo viene haciendo el
Estado cometiendo abuso de poder de manera arbitraria y despótica.
Hasta los reos de toda
condición tienen derecho a la defensa y a ser asistido por un asesor legal. Es
un derecho de los agricultores tener la asesoría legal y técnica para su
defensa sin que por ello, sean acusados de estar influenciados
por infiltrados políticos. Todos los poderes del Estado están
infiltrados por políticos mafiosos. Entonces, ¿con qué derecho las autoridades
puede acusar a los agricultores de estar politizados, de estar asesorados por
políticos o que el problema de la imposición minera ha sido politizado? ¿Acaso
el gobierno no está politizado?
La propuesta de un nuevo ordenamiento
territorial sobre la base de valles o cuencas como unidades de desarrollo y de
gobierno está ampliamente explicada en mi libro: “Trazos para una República
Equitativa”, lo que me releva de mayores comentarios para no extenderme en la
presente entrega.
Abril 2015